Con la reciente liberalización, la gestión y el control de las ITV pasará a depender de la comunidad autónoma correspondiente. ¿Esto beneficia realmente al consumidor o le perjudica? Nosotros creemos que lo segundo.
Como casi siempre en estas decisiones, el verano ha hecho pasar de tapadillo la decisión del Gobierno de liberalizar las ITV. Cada una de las 17 autonomías españolas, sin embargo, regulará cómo se llevarán a cabo las inspecciones realizadas en su territorio.
En julio, el ministro de Industria, Energía y Turismo comunicó la decisión de eliminar todas las incompatibilidades en el servicio de Inspección Técnica de Vehículos. Con ello, concesionarios de automóviles y otras empresas afines al sector podrán participar sin restricciones en el gran negocio que mueve unos 500 millones de euros anuales.
El problema de fondo de esta liberalización, independientemente de quién se lleva finalmente el gato al agua de tan pingues beneficios, será la diversidad de normas reguladoras que se multiplicarán por 17. Un trámite obligatorio como éste debería estandarizarse lo más posible para todos los casos, sin dejar puertas abiertas a desigualdades en el rigor, trámites administrativos o precios de la propia inspección.
Y aunque las estaciones de ITV deberán tener una acreditación concedida por el organismo nacional ENAC, se deja a las autonomías la puerta abierta para gestionar y modificar en lo que crean oportuno el procedimiento.
Y ahora viene el ejercicio de agudeza mental: Adivinar quien será el directo perjudicado por un trámite que se adivina más complejo y de coste aún más variable según donde nos toque pasarlo.